c) Principios Rectores de la participación ciudadana en la Ley:

• La participación ciudadana como derecho humano:
Éste es el principio fundamental de la ley, su fundamento se encuentra reconocido por los instrumentos internacionales y en la Constitución General y, según la propuesta, habría un reconocimiento en la Constitución del Estado.

• El Estado tiene obligación de promover una participación ciudadana consciente e informada:
Por contrapartida al carácter de derecho que se le está reconociendo a la participación ciudadana, surge la obligación de todas las autoridades de respetar, promover y garantizar la participación ciudadana. Esta obligación concuerda perfectamente con el recién reformado artículo 1º constitucional en su párrafo 3º, en el que se señala que todas las autoridades tienen obligación de cumplir con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

• Los mecanismos de participación ciudadana deben regirse por el principio de máxima transparencia y máxima participación:
Conforme al principio pro persona propio de la aplicación de derechos humanos, las autoridades deben conducirse con un criterio de máximo respeto a los derechos, en este caso al derecho de la participación ciudadana. Por otro lado se recalca la vinculación que existe entre el derecho a la información como condición indispensable del derecho a la participación.

• Todo ejercicio de autoridad debe estar sujeto a la evaluación ciudadana y a la rendición de cuentas.
El enfoque de derechos exige que todo acto de autoridad esté sujeto a rendición de cuentas y a la participación ciudadana, en ese sentido el derecho trasciende la estructura administrativa existente y hay obligación para la autoridad de suplir las deficiencias existentes, a través de su actividad legislativa y administrativa, de forma que no existan espacios sin control ciudadano.

• La participación ciudadana debe beneficiar de manera privilegiada a las personas o grupos que se encuentran más excluidos de las decisiones públicas.
Este es también un principio propio de la aplicación de derechos y de las obligaciones básicas de la justicia en sociedad. Por ello deben privilegiarse la participación de los grupos en situación de particular vulnerabilidad, tales como grupos indígenas, migrantes, personas en situación de pobreza extrema, etc.