Antecedentes

El primer dato a considerar como antecedente es el hecho de que actualmente el Estado no cuenta con una ley de participación ciudadana, lo cual resulta especialmente negativo si consideramos que 19 Estados del país ya se han dado una legislación en la materia y que las primeras leyes en la materia datan de hace más de doce años.

El solo hecho de la falta de ley es ya un obstáculo para la participación en razón de que esta debe ser el instrumento para crear un marco jurídico que le de orden y estructura a los diversos mecanismos, evitando, entre otras cosas, la duplicidad entre los distintos medios de participación. Además de lo anterior, la ley debe ser el medio para generar las condiciones necesarias de forma que la participación sea efectiva, como son por ejemplo: establecer las consecuencia legales de no respetar este derecho, fijar las responsabilidades dentro de las instancias públicas para generar una política pública en la materia, establecer medios de promoción que ayuden a revertir la cultura de la desconfianza y la pasividad en la población, etc., etc.

Un hecho digno de destacarse dentro de esta falta de legislación específica en materia de participación ciudadana es el de que han existido ya, al menos dos intentos de aprobar una ley sobre la materia y que han fracasado. Legisladores de distintos partidos, interpretando la voz ciudadana han hecho este esfuerzo sin que, como decimos, haya fructificado. Dentro de estos cabe mencionar la que se llevó a cabo con la iniciativa presentada por el diputado C. Quintana en la legislatura anterior. De forma que no es la primera vez que se habla de la necesidad de promover la participación ciudadana en el Estado.

Aunado a esta carencia se presenta un panorama de antecedentes negativos en la materia, que han sido parte de la historia de nuestro Estado y que conviene tenerlos presentes al momento de querer promover nuevamente un marco jurídico para revertir esta situación. Hay que recordar que Chihuahua fue pionero al momento de incluir formas de participación ciudadana directa en su Constitución, al establecer la figura del referéndum, del plebiscito y la iniciativa popular. Han pasado más de 20 años de estas transformaciones y no ha habido ningún ejemplo de aplicación de dichas figuras, bien se les podría llamar “letra muerta”. Sin embargo el problema es aún más grave porque existen documentados más de 3 casos en los que la ciudadanía, acogiéndose a los derechos establecidos en la norma constitucional, quisieron ejercerlos y la autoridad, usando argumentos de legalismo y cometiendo fraude a la ley y a la Constitución, impidieron que llegaran a efecto.(1) Como ciudadanas y ciudadanos responsables de las condiciones de nuestra ciudad y Estado, somos conscientes de que estas experiencias fallidas han minado de manera profunda las bases de credibilidad ciudadana y que esta situación debe atenderse por parte de las autoridades y es necesario cambiar las bases constitucionales y legales actuales. Por ello uno de los principales objetivos de esta nueva agenda de participación ciudadana debe ser darles viabilidad jurídica y política- a estas instituciones.

Por otro lado, si bien no podemos soslayar el hecho de que nuestro Estado carezca de una ley de participación ciudadana y que hayamos tenido intentos frustrados de participación que han debilitado la demanda ciudadana, otra circunstancia a tomar en cuenta y que, aunque es algo en sí mismo negativo, se convierte en una razón más para impulsar este proyecto, es el hecho de que a lo largo de estos años han proliferado mecanismos aislados, a nivel estatal y municipal sin estructura ni armonía, que más que convertirse –salvo casos excepcionales- en verdaderos espacios de participación, resultan ser instancias o procedimientos burocráticos, carentes de representatividad y sin una efectividad real.

Como Anexo del presente documento se incluye un inventario de dichos mecanismos, que para el presente movimiento ciudadano no solamente no son base para una participación efectiva, sino que se convierten en un lastre y son esfuerzos, que si no se les regula convenientemente, resultan contraproducentes.

El diagnóstico que existe al respecto lo tomamos de los estudios realizados para los foros con motivo de la elaboración de una propuesta de ley de participación ciudadana, celebrados en junio de 2010. La conclusión a la que se llegó en tal ocasión fue que los principales obstáculos que se enfrentaban en estos mecanismos eran la falta de procedimientos para garantizar la representatividad de los ciudadanos que participan en cada mecanismo, la poca o nula incidencia de la voz ciudadana, la falta de coordinación entre dichos mecanismos y entre las autoridades responsables y, por ende, la falta de una verdadera política de participación ciudadana.

Esto nos lleva a plantear la necesidad de reordenar, depurar y rediseñar los espacios de participación ciudadana a nivel estatal y municipal, bajo la perspectiva de que debe buscarse preferentemente una participación de alto impacto, por encima de la multiplicidad de mecanismos. Privilegiar una participación estratégica y no una participación numérica o cuantitativa.

A este respecto hay que tener presente que uno de los aspectos que delinean actualmente a la participación ciudadana como un derecho de la democracia moderna es atribuirle consecuencias de control efectivo sobre el ejercicio del poder público, de forma que con esta participación se consiga no solamente enriquecer el contenido de las acciones y políticas gubernamentales, sino poner un freno a los abusos de poder en cualquiera de sus manifestaciones.

Esta visión tiene una virtud adicional y es la de vincular la participación ciudadana de manera esencial, con la rendición de cuentas. Ambas realidades son como dos caras de la misma moneda y se involucran mutuamente. No puede haber participación ciudadana efectiva sin rendición de cuentas y viceversa. La convicción sobre esta interrelación es la que nos ha llevado en esta propuesta a incluir los dos términos dentro de la agenda. En el mismo sentido la propuesta de ley adopta igualmente los dos términos, con lo cual se da un paso de avance respecto al resto de la legislación a nivel nacional y local.

No escapa a las organizaciones y ciudadanos que promovemos esta iniciativa la debilidad que tiene la participación ciudadana a nivel nacional y las carencias que todavía se enfrentan. El llamado que se hace para el Estado de Chihuahua es, por tanto, un reto que debe asumirse también a nivel nacional y los argumentos que aquí se expresan son, en su mayoría, aplicables a todo el país. Sin embargo esto no puede ser un argumento para la dilación o para el retraso de la propuesta, sino todo lo contrario, ha de ser un aliciente para trabajar con más ahínco a nivel de los Estados para revertir un problema de índole cultural, que aqueja a todo México.(2)

Por todo lo anterior los ciudadanos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil nos sentimos llamados a convocar a un gran esfuerzo ciudadano para modificar de una manera radical las circunstancias actuales de la participación ciudadana en el Estado y lograr que esta se convierta en un instrumento real y efectivo de aportación al desarrollo del Estado.

El ánimo con el que se realiza esta convocatoria es totalmente constructivo y se basa en un principio cívico de corresponsabilidad, el cual entiende que la participación ciudadana es un medio indispensable para el desarrollo equilibrado de las sociedades en la actualidad, que aporta un gran impulso para la satisfacción de las necesidades sociales y que, por otra parte, evita que se acentúen los problemas de desigualdad, corrupción e inseguridad que suponen actualmente un reto de grandes dimensiones en nuestro país.

(1) -Este itinerario está documentado y analizado en el libro Instrumentos de Participación Ciudadana en Chihuahua, de Roberto Saenz Huerta, Editorial Solar, México 2010.

(2) -Un análisis al respecto de este diagnóstico nacional se puede encontrar en el estudio de Alberto J. Olvera, Las Leyes de Participación Ciudadana en México, (2009) en donde reconoce: “Por ello no es extraño que los avances legales que han sido impulsados en los estados desde hace más de 10 años en esta materia, no hayan en realidad cambiado las prácticas políticas hegemónicas ni democratizado la vida pública. En ausencia de proyectos políticos realmente democráticos, la innovación legal per se no puede cambiar nada, ni siquiera la cultura política. La transición a la democracia en estos 10 años ha incrementado el poder real de los gobernadores, ha mantenido el carácter subordinado de los poderes legislativos locales y no ha dado lugar a un empoderamiento de la ciudadanía y de la sociedad civil. Así, mientras por un lado se introducen cambios legales relevantes, por otro se anula su potencial y se les convierte en letra muerta.”

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